La gestión de la diversidad cultural y religiosa. Claves de cara al futuro


ikuspegiResumen de la ponencia presentada el 18 de noviembre de 2016 en las Jornadas  sobre inmigración en el El País Vasco, organizadas por Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración

La diversidad cultural y religiosa es una cuestión poliédrica que no puede ser abordada únicamente desde el punto de vista de la inmigración y los flujos, más o menos constantes, que ha habido a lo largo de la historia reciente del Estado español. En general, hemos identificado  los retos que nos plantea la acogida de nuevos ciudadanos, desde un punto de vista simplista y casi exclusivamente desde la preocupación por la seguridad ciudadana, obviando que estos nuevos (o no tan nuevos) ciudadanos deben sentirse seguros para formar parte de la sociedad, no solo desde un punto de vista económico, sino en un sentido amplio, mediante el respeto de la dignidad humana.

Los trillados debates en torno al relativismo cultural versus multiculturalismo, las identidades fijas versus identidades múltiples, o el falso dilema entre la lucha antisexista y la lucha antirracista, cada vez son más enconados y no resuelven las cuestiones de fondo: la imposición de unas políticas migratorias que atentan contra los derechos humanos, el hecho de que las personas inmigrantes no pueden votar pero tienen que pagar los impuestos, el prejuicio que identifica sistemáticamente a alguien que no profesa la religión católica con una persona inmigrante, etc.

Los distintos informes tanto a nivel europeo como nacional, indican que hay una crisis de valores en Europa cuya principal consecuencia es el aumento de los delitos de odio. En 2015, el primer delito de odio en el Estado español fue la islamofobia, que registraba el 40% de los casos. La Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia recogió 278 casos de islamofobia, distribuidos en los porcentajes siguientes: 5,3% fueron agresiones contra personas, 5,3% de vandalismo contra mezquitas, más el 4% de incidentes contra la construcción o apertura de mezquitas, el 19,4% fueron actos contra las mujeres por su indumentaria (hiyab: pañuelo que cubre el cabello), 21,8% de CiberOdio, 3,4% contra refugiados, 3,4% instrumentalización negativa del Islam y los musulmanes durante las campañas electorales.

Las principales conclusiones del informe son:

  • Islamofobia de género: Se consolida el incremento de la islamofobia de género, 59 incidentes que como mínimo han afectado a más de 199 mujeres.
  • Ciberodio: Se constata gran proliferación de mensajes islamófobos en Internet, particularmente en las redes sociales.
  • Discurso de odio: Continúa el aumento del odio islamófobo en el discurso institucional de partidos políticos y otras organizaciones.
  • Aparecen casos de islamofobia contra menores, incluidas las agresiones y el acoso escolar por causas religiosas contra alumnos musulmanes.
  • Otra nueva tendencia ha sido la islamofobia derivada de la crisis humanitaria y la posibilidad de la llegada de refugiados.

Por otro lado, es necesario llevar a cabo una evaluación del modelo de inclusión actual español, en el que hay que incluir una reflexión sobre el bloqueo del acuerdo de Cooperación de 1992, entre el Estado y las confesiones minoritarias. En lo que concierne a la comunidad musulmana, la no aplicación práctica de este acuerdo, ya sea por el desconocimiento de las distintas administraciones públicas, la falta de financiación, el “baile” de competencias o la constante falta de consenso entre los interlocutores con el Estado, ha puesto de manifiesto la falta de voluntad política.

El Acuerdo de Cooperación fue en un principio positivo, ya que suponía el reconocimiento de unos derechos frente a los privilegios de la Iglesia católica. Sin embargo, a largo plazo ha sido contraproducente ya que ha encerrado a la ciudadanía en un juego identitario que no solo no ha favorecido la inclusión sino que ha reforzado un sistema piramidal no democrático. Son las propias administraciones públicas las que han alimentado el discurso identitario-religioso al reconocer únicamente a aquellas entidades registradas en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia.

Las claves de cara al futuro pasan por:

  • Disponer de un marco legal que respete los derechos humanos y no criminalice a las personas inmigrantes. Entre otras medidas inmediatas, es necesario que se cierren los CIEs.
  • Romper el Acuerdo de Cooperación y trabajar desde un marco legal superior, como es el de la Constitución española, con un desarrollo específico de la Ley de Libertad Religiosa.
  • Abogar por un modelo inclusivo en el que el colectivo inmigrante no sea utilizado como arma política según los distintos intereses partidistas.
  • Entender que no hay ningún dilema entre la lucha contra el machismo y la lucha contra el racismo.

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